El interventor del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos, confirmó que el Tribunal de Cuentas de la provincia remitió al Procurador General, Jorge García, la documentación reunida por la Comisión Fiscalizadora del organismo, con el objetivo de que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron delitos penales en el manejo de la obra social.

"La intervención fue dispuesta en diciembre y desde entonces se realizó un relevamiento exhaustivo que permitió detectar irregularidades muy graves, especialmente en el circuito de provisión de prótesis", señaló Gallegos. Explicó que en ese proceso se detectó una presunta connivencia entre prestadores y autoridades del Iosper, mediante la cual se beneficiaba a los primeros en perjuicio de la obra social. "Tal como lo prometimos, toda esa información ya está en manos de la Justicia, que será la encargada de determinar ante qué tipo de delito se está y juzgar a los responsables", agregó.

El funcionario remarcó que, ante la gravedad de los hallazgos realizados por la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la documentación que podría configurar delitos contra la administración pública. "Esto activa en los hechos el proceso penal correspondiente", indicó.

Gallegos detalló que el trabajo de la Comisión había sido inicialmente obstaculizado por las anteriores autoridades del Iosper, quienes se negaron sistemáticamente a entregar la información requerida. "Esta situación se revirtió a partir de la intervención, que permitió el acceso completo a la documentación y a los sistemas informáticos de la obra social", sostuvo. Además, aseguró que "el trabajo técnico fue muy riguroso y permitió reunir elementos objetivos que hoy están a disposición de la Justicia".

Fuente: elonce.com