Una auditoría permanente del gobierno de Santa Fe, que empezó en enero y sigue en proceso, detectó que casi la mitad de los “comedores populares” gestionados por organizaciones piqueteras en la provincia no existían. La investigación de los funcionarios de Maximiliano Pullaro ya “recuperó” unos 100 millones de pesos mal asignados y se estima que el monto global involucrado en estas maniobras alcanzaría los $ 600 millones.

El gobierno provincial desde el 2 de enero puso en marcha un relevamiento sobre más de 800 instituciones y realizó auditorías sobre 481, de los cuales 222 están en Rosario y 259 en el centro norte de Santa Fe. De ese total relevados se suspendieron a 160 organizaciones por faltas e irregularidades, que derivaron en 10 presentaciones ante la justicia local.

Fuentes oficiales confirmaron que se detectaron suplantación de identidad, lugares inexistentes o que declaraban un servicio alimentario que no daban. De acuerdo con ese reporte, las primeras presentaciones en tribunales de Santa Fe ocurrieron el 21 de febrero y luego se hicieron dos ampliaciones de denuncias, el 11 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.

“Hay movimientos sociales muy característicos de índole nacional donde se detectaron la mayoría de las fallas. Es importante aclarar que fueron ellos mismos los que nos facilitaron sus listados para hacer los controles y en la mitad hubo irregularidades o no existían”, indicaron y nombraron, entre otros, al Movimiento Evita y, más lejos, a la Corriente Clasista y Combativa.