El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno "funcionaba" en un country”.

La denuncia -según se supo - es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. 

El escrito explicita que toneladas de alimentos secos salían de los depósitos del ex ministerio de Desarrollo, los palets eran cargados en camiones fletados por el organismo y de allí terminaban en galpones de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría alineada con el entonces gobierno de Alberto Fernández, y en menor medida a movimientos piqueteros.

De las auditorías surgió que: “De la totalidad de los comedores “sólo se pudieron relevar la mitad 52,3%”. El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.

Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.

Fuente: Infobae.