El pasado viernes, 18 de noviembre, se efectuó un allanamiento en la casa familiar del socio mayoritario de la firma RPB SA, justo dos días después que la defensa de Rufino Pablo Baggio (h) presentara el pedido de recusación al Juez Federal Hernán Viri, quien entiende en la causa. La recusación fue presentada el día miércoles y el viernes se concretó la medida.

Tanto para el interesado en la causa, Rufino Pablo Baggio (h) como para la defensa la acción no deja de ser altamente llamativa y preocupante.

La recusación sobre Viri es debido a la no comunicación de las partes, a la presentación de un “testigo encubierto” (siendo que la causa no reviste dicha figura) denunciando al hijo de Rufino Pablo como autor del robo de los 7 millones de dólares. El testigo protegido por Viri asegura que el hijo de Rufino Pablo ideó un plan hace 20 años, es decir cuando tenía 15 años.

Es importante aclarar que esa causa se inició tras la denuncia hecha por el mismo Rufino Pablo, sino hubiese quedado en la nada. Cuando la causa ya estaba por elevarse a juicio, decide tomar este testimonio absurdo e iniciar acciones contra el hijo del propio demandante y afectado por dicho robo. El juez nunca llamó a indagatoria al principal denunciado, Alejandro Baggio, siendo que el mismo abogado Rubén Pagliotto aseveró que fue comunicado por Diana Veronesi acerca de estos movimientos. Siempre se hizo énfasis que solo se ha buscado que el hilo se corte por lo delgado, por gente de mandos medios. Diana Veronesi era trabajadora de la firma sobre quien recayó parte de la culpabilidad por el desvió de fondos.

Estas acciones, precipitadas, se dan en el marco del conflicto societario, luego de la decisión de la Cámara Civil y Comercial, de dar lugar a una asamblea donde efectivamente se respeten los derechos a voto de cada uno de los socios de RPB. Vale recordar que, en junio pasado en la asamblea de directorio, al socio mayoritario no lo dejaron participar lo que derivó en una presentación judicial. Esa presentación fue favorable a Rufino Pablo (h) y, tras el nombramiento de un interventor, se debe llamar a una nueva asamblea de accionistas donde se asegure que todos los socios puedan participar y tener derecho a voto.

"La familia de Rufino Pablo (h) se siente desprotegida y desorientada ante estas acciones que se dieron, justamente, luego de la recusación", aseguraron desde su entorno.